EL TIEMPO POLÍTICO

El manejo de los tiempos siempre ha sido una habilidad necesaria en la política. Y en la guerra. El tiempo es el principio activo de la estrategia.

En democracia el tiempo político tendría que ser el tiempo de la ciudadanía. Pero no es así. El tiempo político, primero, es el tiempo de los dirigentes y el del propio partido y, después, el que hay que medir en  la competición con los adversarios. 

El tiempo de la ciudadanía se sigue viendo como un dato más del escenario político. Los políticos siguen contestando a muchas preguntas con datos de sus propios tiempos, ignorando los de aquellos a quienes representan –y por tanto sus necesidades e intereses-. Puyol puso de moda la expresión “ara no toca”, que ha quedado rancia, pero sigo oyendo en todos los partidos valorar el tiempo político como si fuera el tiempo de los políticos y no el de la ciudadanía.

Pero eso se acabó. La ciudadanía no tolera que nadie use los tiempos a sus espaldas y mucho menos en su contra. Lo que ayer se entendía como un hábil manejo del tiempo político hoy se percibe como interesada manipulación en beneficio personal o partidario.

El tiempo del bipartidismo imperfecto toca a su fin. Rajoy maneja sus tiempos a plazo fijo, al ritmo que marcan las elecciones alemanas y en la confianza de que el castigo de encuesta no llegue a ser castigo de urna. Caiga quien caiga. Confía en la ventaja que le da el monopolio del espacio político de la derecha frente a la fragmentación creciente de la izquierda y su mayor volatilidad electoral. Por eso se atreve a pedir paciencia sin ofrecer ninguna esperanza.

Rubalcaba sigue hablando de cumplir un contrato por cuatro años, mientras se desploman las expectativas electorales del PSOE, la confianza que inspira y su propio crédito político. ¡Cuatro años: Una eternidad!

A los emergentes se les está haciendo largo el tiempo de espera de las europeas. Unas elecciones de castigo para los responsables políticos de la crisis en las que todos los votos cuentan, en una única circunscripción.

 

Para el PSOE es muy alto el riesgo de que los resultados de las europeas se queden en la cabeza de la ciudadanía como una foto fija que pueda trasladarse primero a las municipales y autonómicas y, más tarde –si todo va por su orden, a las generales. En el PSOE después de las europeas va a ser tarde para casi todo.

El PP confía en el paso del tiempo, siempre aliado de Rajoy. No cuenta con que los sufrimientos se acumulan y la gota que llene el vaso de la capacidad de aguante de la ciudadanía no será más que eso, una gota, que desencadenará un tsunami social. Lo de los escraches, una broma.

Del Rey abajo, ningún político debe confundir sus tiempos personales o partidarios con los del sufrimiento de la ciudadanía. Cuando se diga “pacto”, que no sea para ganar –o perder- tiempo. No estamos para el manejo particularista de los tiempos, sino para la alianza con la ciudadanía. A corazón abierto.

 http://www.eldiario.es/escolar/demonios-sirve-pacto-paro_6_127447272.html

REFORMA LOCAL Y DESPROTECCIÓN SOCIAL

En el 34 aniversario de las primeras elecciones municipales de la democracia, que se cumplió el 3 de abril, los ayuntamientos españoles ven amenazado por el Gobierno su espacio político. Desde el punto de vista de la ciudadanía, su nivel más cercano de gobierno dejará de tener capacidad  para prestar servicios sociales y para promover el empleo y el desarrollo local.

Así está, por el momento, el debate sobre la administración local en España. De la reducción del número de concejales o la fusión de municipios de menos de 5.000 habitantes hemos llegado a esto: Que los ayuntamientos, todos, se quedan para dar garantías sobre las condiciones materiales del espacio público, y ajenos por completo a sus condiciones sociales y a las expectativas de futuro de la comunidad local.

La decisión es demoledora tanto en términos de servicio público como de participación ciudadana.

 

Supone que los ayuntamientos no tendrán nada que decir en materia de escuelas infantiles, de educación de adultos o de centros cívicos y sociales; de residencias, centros de día o de ocio y convivencia para personas mayores; de ayuda a domicilio y teleasistencia; de lucha contra la exclusión social y, mucho menos, de cualquier tipo de servicio socio-sanitario.

Tampoco tendrán palillo que tocar en lo que se refiere a políticas de apoyo a los jóvenes,  de igualdad de género o de información y protección de los consumidores y usuarios.

Por mucho que hay coincidencia en España y en Europa sobre el papel de los ayuntamientos para estimular el tejido productivo y crear las condiciones para su desarrollo, y en su capacidad para apoyar la inserción laboral de personas con más dificultades en el mercado de trabajo, tampoco el anteproyecto de ley de reforma local que ha puesto el Gobierno en circulación les deja ninguna competencia en la materia.

Los servicios que tiene a su disposición la ciudadanía en todos estos ámbitos son los que han creado los ayuntamientos,  fruto de la sensibilidad de un gobierno de proximidad con las necesidades sociales de sus vecinos y de un modelo de participación ciudadana que evolucionó inteligentemente de la política del cemento a la de la calidad de vida. Más tarde llegaron las leyes de las comunidades autónomas a dar cobertura legal a lo que se había hecho porque hacía falta.

Con la reforma del Gobierno del PP, todo quedará en manos de la comunidad autónoma –aquí de la Junta- que, si le parece, lo podrá delegar en los ayuntamientos, en los que de este modo la corporación elegida por la ciudadanía tendrá que cumplir las órdenes de los gestores nombrados a dedo por la Junta, sin rechistar. Muchos nos tememos que en este baile se acabe privatizando lo que convenga.

Si los alcaldes se quedan para mantener puestas y limpias las calles, ya me contarán qué papel les va a quedar a las asociaciones de vecinos y las ONGs que han prosperado para cubrir espacios de protección social en el ámbito local. Es el fin de la participación ciudadana efectiva y de la democracia local, que es la raigambre de toda democracia formal.

Para los pequeños ayuntamientos es la crónica de una muerte anunciada. No se fusionan municipios, de momento, pero se crean las condiciones para su asfixia y su consiguiente declaración de insolvencia financiera. Los territorios y los pueblos, casi vacíos, sin representación política directa, dejarán al mundo rural al pie de los que ya no concebirán los recursos naturales como un patrimonio que cuidar y que ceder, sino como un capital que explotar, y cuanto antes mejor.

Esta reforma no es un recorte, incapacita a los gobiernos locales para prestar servicios para la calidad de vida y para hacer Política. Precisamente cuando su sensibilidad, capacidad de respuesta y flexibilidad van a ser más necesarios para dar alternativas, a base de creatividad y participación ciudadana, a las crecientes desigualdades sociales y situaciones de exclusión que trae la crisis.

El pretexto es el equilibrio presupuestario, pero no es aquí donde está el agujero. Se rompe con el principio constitucional de acercamiento de la gestión pública a la ciudadanía. Se disuelve unilateralmente el más eficiente contrato político de la transición, que ha democratizado y aportado más calidad a la vida cotidiana de los españoles. Sobra soberbia e improvisación. Falta diálogo, altura de miras, competencia, criterio político y responsabilidad.

Es un debate sobre el modelo de Estado. Precisamente sobre aquella parte del Estado que ha generado más cohesión social, más vertebración territorial  y más identificación política con el proyecto democrático en España. La que puede dar respuesta más inmediata a la situación de emergencia social en el que ya nos encontramos.

Versión publicada en Diario Crítico - Castilla y León. http://cyleon.diariocritico.com/opinion/francisco-ramos/299062

VILLALAR 2013

¡Como debe disfrutar el PP cuando ve en Villalar cómo se manifiesta la izquierda en la plenitud de su fragmentación!  Se lo estaban perdiendo hasta que Herrera decidió acabar con el tabú.

Sin embargo la izquierda social y política de Castilla y León siempre hizo el esfuerzo de dibujar en un manifiesto el contorno de su espacio reivindicativo común. Meritorio esfuerzo.

Más tarde, en su generosidad, la izquierda dejó franca la puerta de Villalar a la derecha gobernante y, de su mano, a la derecha social. La izquierda, con más sentido institucional que la derecha, quiso que Villalar fuera la fiesta de todos, y así se hizo letra en la reforma del Estatuto de 2007.

El manifiesto tuvo que encontrar entonces el espacio reivindicativo común de Castilla y León identificando cada año los retos de una Comunidad difícil de abarcar en los límites de un papel y señalando con el dedo, cuando hacía falta, a quién se constituía en amenaza para las aspiraciones compartidas.

Un esfuerzo agotador, por más que la Comunidad lo mereciera. Y mal recompensado, porque en términos de opinión publicada la fiesta se salda cada año en un par de fotos que se busca o tratan, sin éxito,  de evitarse.  

Este año la foto, sin duda, es la del escrache de la PAH a Herrera, si lo hay. Madrugará para evitarla.

Pero Villalar siempre ha sido, más allá del manifiesto institucional, un espacio de manifestación de quién tiene una causa, una reivindicación, una queja que hacer patente en el espacio público.

La crisis económica y la respuesta liberal de la austeridad, impuesta con saña desde el Gobierno del PP auguran este año en Villalar un hervidero reivindicativo: Las nuevas plataformas y movimientos sociales (PAH, 15M, el movimiento No nos vamos, nos echan, con tanto sentido en esta tierra), los mineros, los defensores de la escuela y la sanidad públicas, las plataformas contra el cierre de las guardias médicas, los funcionarios cabreados de los viernes negros, los afectados por las preferentes y los trabajadores amenazados por ERES malos o peores.

Las razones sobran, las causas se amontonan. El empobrecimiento está profundizando las desigualdades sociales y los desequilibrios hasta el hambre y la falta absoluta de oportunidades.

Pero este año Villalar no tendrá manifiesto institucional. Ni los que viene, “salvo que una situación puntual y significativa obligue a recuperarlo”, han dicho los enterradores del manifiesto. ¡Espero que no volvamos a vivir otra situación más significativa, más crítica y más jodida, que la de hoy!

El PP encantado. Este año por Villalar pasarán de perfil y antes de que lleguen los ciudadanos. Los fotógrafos les valen. IU no tendrá más lealtad que la de buscar una interlocución política exclusiva y fácil con todas las causas que vayan a la campa.

¿Y el PSOE? Nuestro papel está con la ciudadanía, si la crisis de credibilidad de la política en general y la nuestra propia nos lo permiten. Ese es el trabajo de estos días. A ver.

Siento, sin entenderlo del todo, que la renuncia al manifiesto perjudica  a Castilla y León y al PSOE, porque otros partidos basan su éxito en el fracaso de la Comunidad. Sin pudor.

También la foto del PSOE en el monolito tiene este año su morbo. ¿Qué no?

La de los Comuneros es una historia de generosidad, tan necesaria en la política de hoy.  Sin llegar a estos extremos, por supuesto.

Antonio Gisbert. Los Comuneros, Padilla, Bravo y Maldonado en el Patíbulo. 1860. Congreso de los Diputados

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DE LOS SERVICIOS SOCIALES.

Ayuntamiento de Autilla del Pino (Palencia) 254 habitantes.

 

PROPUESTA DE MANIFIESTO

 

El Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impulsado por el Gobierno de España, en contra de las tendencias del conjunto de los países europeos, pretende limitar el espacio político de los ayuntamientos anulando su capacidad para intervenir en cuantos asuntos preocupen o representen las aspiraciones de la comunidad local (la llamada cláusula general de competencias locales).
 

Esa limitación afecta significativamente al conjunto de los servicios personales que prestan los ayuntamientos, precisamente los que exigen un conocimiento más detallado de las necesidades sociales y del entorno vecinal y local en el que aparecen y en el que deben ser abordadas. Es en estos servicios en los que más sentido tienen las políticas de proximidad y menos la búsqueda de economías de escala, que fácilmente se convierten en deseconomías.
 

Los servicios locales para la calidad de vida son una conquista social del movimiento vecinal y otras organizaciones urbanas de los años 70 y 80,  que ha venido configurando el perfil de la autonomía municipal de los ayuntamientos democráticos, para contribuir como ninguna otra administración a la cohesión social y territorial en España.
 

La participación ciudadana en el ámbito local no puede limitarse a los aspectos materiales del espacio público, porque tiene como objetivo el bienestar social, que no puede alcanzarse sin los servicios para la calidad de vida. Los vecinos quieren que sus ayuntamientos sigan resolviendo sus problemas y haciéndose cargo de ellos ante otras administraciones cuando no puedan abordarlos por sí mismos.
 

Sin autonomía local las elecciones municipales son una pantomima, porque alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas quedan reducidos al papel de meros administradores a las órdenes de los altos funcionarios de las comunidades autónomas, a los que nadie ha elegido. Sin autonomía no hay democracia local ni participación ciudadana.

 

COMPETENCIAS

La autonomía local es un principio constitucional básico en la ordenación territorial del Estado, que el anteproyecto de ley del Gobierno pone en cuestión.

 

Las entidades locales no son las responsables de la deuda ni del déficit públicos. Su nivel de gasto respecto al PIB (+6%) y respecto al conjunto del gasto público (+ 13%) se ha mantenido estable en las últimas décadas y representa en torno a la mitad del gasto local en Europa. La diferencia más notable de nuestra estructura institucional frente al conjunto de la UE es la reducida dimensión de las Administraciones Locales.

 

 La descentralización fomenta la creatividad, la innovación y la calidad en las políticas de proximidad. La gestión de las actuales competencias de los ayuntamientos por las diputaciones o las comunidades autónomas va a suponer rigidez en los servicios y prestaciones, deterioro de la  calidad servicio, incremento del coste, menos transparencia, riesgo para el empleo público local y amenaza de  privatización de servicios.

 

La sola existencia de un calendario de traspaso de servicios públicos locales a las comunidades autónomas pone en riesgo desde este momento su  calidad, la programación de inversiones y la toma de decisiones con efectos de medio y largo plazo.

 

La concentración de competencias en las diputaciones y las comunidades autónomas facilita la gestión indirecta y la privatización de servicios, alternativa a la que no se exige ningún control de eficiencia respecto a la gestión directa.

 

El principio de “una administración, una competencia” es un eslogan político, una simplificación que no resiste el contraste de la política comparada ni de la propia realidad. Es sólo una coartada para limitar las competencias locales. Ignora que ningún alcalde puede ser ajeno a cualquier cosa relevante que preocupe a sus vecinos.

 

Proponemos

·         La plena competencia municipal en materia de servicios sociales primarios, incluyendo las políticas de prevención, promoción  e inclusión social, gestión de la dependencia, así como los servicios de promoción, dinamización comunitaria y voluntariado social.

·         El refuerzo de las competencias locales en materia de igualdad y de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género.

·         La consolidación de las competencias locales en materia de información y plena inserción social  de la juventud, desde la información hasta el apoyo a la inserción laboral.

·         Mantener en el ámbito local las competencias de información y defensa a los consumidores y usuarios.

·         Reforzar la implicación municipal en la planificación de la atención primaria de salud y de la educación obligatoria, así como la colaboración con el resto de los niveles de ambos servicios.

·         Ampliar las competencias locales en materia de planificación estratégica, del desarrollo local,  promoción de la actividad económica y el empleo, así como de políticas activas de formación e inserción laboral de colectivos con dificultades específicas en el mercado de trabajo.

·         Recuperar la cláusula general de competencias en los términos establecidos en la Carta Europea de Autonomía Local: “Las entidades locales tienen, dentro del ámbito de la Ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad. El ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos.”

 

PARTICIPACION CIUDADANA

No se pueden reformar las bases del Régimen Local en España sin mejorar las prácticas de participación e implicación ciudadana en las entidades locales. La crisis de representación política actual exige mejorar la transparencia, la información, el control ciudadano y la participación en las instituciones, que tiene su expresión más concreta y más próxima en el ámbito local.

Para ello los ayuntamientos, en lugar de ver recortadas sus competencias tienen que mantenerlas  y ampliarlas hasta llegar a “ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos”, de acuerdo con la Carta Europea de Autonomía Local y con el nivel de competencias y de gestión de gasto público de los ayuntamientos europeos.

Proponemos

·         Suscribir y ratificar el Protocolo adicional a la Carta Europea de Autonomía Local sobre el derecho a participar en los asuntos del gobierno local.

·         Institucionalizar la participación de las Asociaciones de Vecinos en los órganos municipales y regular la obligación de consulta para determinadas decisiones.

·         Regular la garantía legal a participar, en un marco de igualdad de oportunidades, en los asuntos de los gobiernos locales, con la previsión de compensaciones específicas para facilitar la participación de colectivos desfavorecidos.

·         Facilitar la convocatoria de procesos participativos como consultas y referendos.

·         Facilitar del derecho de iniciativa popular en el ámbito local.

·         Potenciar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en materia de información y participación ciudadana activas en los gobiernos locales.

La mejora de la participación ciudadana debe ser una orientación estratégica en la puesta al día del gobierno local en España y es un error que el Anteproyecto impulsado por el Gobierno vaya en sentido contrario, concentrando competencias en las diputaciones cuyos cargos no son elegidos directamente, ni han desarrollado ninguna trayectoria de participación ciudadana directa en los 34 años de gobiernos provinciales democráticos; o en las comunidades autónomas con prácticas de gobierno muy centralistas y cauces de participación excesivamente corporativos, ajenos en ocasiones a las necesidades cotidianas de las ciudades, los pueblos y los vecinos.

APOYO A LAS INSTITUCIONES LOCALES DEL MUNDO RURAL

Los ayuntamientos y el resto de las entidades locales del medio rural representan el capital institucional con que éste ha venido defendiendo su identidad social, cultural, y territorial en una sociedad dominada por modelos urbanos. A esa resistencia debemos el patrimonio natural que nos han legado.

La diversidad de la planta local en España responde a la riqueza y variedad de los paisajes rurales, así como a razones históricas, económicas y demográficas.

Las entidades locales menores han defendido y administrado con prácticas ancestrales de democracia directa un patrimonio comunal, sin la menor atención y apoyo por parte de las comunidades autónomas en unas relaciones nada fáciles con los municipios.

Los municipios rurales, además de referencia de identidad, son un elemento de cohesión social y territorial, dinamizador de la diversificación económica y el desarrollo rural. La multiplicación de entidades asociativas creadas por su iniciativa, sobre todo de mancomunidades, es fiel reflejo del absentismo de las diputaciones en el ejercicio de sus competencias de apoyo a los municipios más pequeños.

La intención del anteproyecto de ley de acabar con las entidades de cooperación local horizontal que los propios ayuntamientos han ido creando –mancomunidades- para dar respuesta a la creciente complejidad de los servicios públicos y a las exigencias ciudadanas, a favor de las diputaciones provinciales, que no han ejercido en esta materia las competencias que tenían y siguen teniendo, es una grave irresponsabilidad, que puede acabar con algo que funciona para sustituirlo por aquello que ha demostrado no funcionar.

La exigencia de transparencia a estas entidades locales no debe ser diferente de la del resto de las administraciones, pero su complejidad debe ser proporcional a su tamaño y la penalización por no presentar cuentas debe ser la misma para todas las entidades locales.

 

Proponemos

·         Reducir a lo imprescindible las cargas burocráticas y administrativas impuestas a las entidades locales del medio rural por la legislación estatal y autonómica, guardando proporción con su tamaño y el de los bienes servicios y presupuestos que administran.

·         Mantener el carácter de entidad local con plena capacidad jurídica de las entidades locales menores y que las comunidades autónomas dispongan los medios personales para el control y rendición de sus cuentas.

·         Mantener el carácter de los bienes comunales, actualizar su inventario y regular su administración al servicio de objetivos de desarrollo rural.

·         Mantener las competencias de los ayuntamientos, su capacidad de cooperación horizontal y el carácter voluntario de la fusión de municipios, prohibiendo a este efecto los incentivos económicos asociados a la insuficiencia financiera creada el propio modelo de financiación local.

·         Garantizar mediante la financiación del Estado y las comunidades autónomas un nivel equiparable de financiación por habitante, que compense las diferencias de ingresos propios por tributos o bienes patrimoniales, para mantener la equidad en el acceso a los servicios públicos locales.

·         Mantener el carácter público y la gestión directa como alternativa general de gestión de los servicios públicos locales.

 

 

MEJORA DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN EL ÁMBITO LOCAL

La reforma del gobierno local tiene que ser una oportunidad para mejorar también la representación política en el ámbito local planteando el debate sobre la elección de los concejales mediante listas abiertas, así como la elección directa de alcaldes.

Por otro lado en necesario reforzar el estatuto legal del concejal, garantizando  la participación efectiva de la oposición en los asuntos y las decisiones locales, así como el desarrollo de su función en pleno contacto con la ciudadanía. En democracia tan necesario es el gobierno como la oposición.

 

 

FINANCIACION

 

La garantía de igualdad en el acceso a los servicios públicos locales exige una financiación suficiente y equilibrada.

 

Proponemos

 

·         Que cualquier reforma del gobierno local incluya la reforma de su financiación en el marco de la financiación del conjunto de las administraciones territoriales.

·         Las transferencias del Estado y las comunidades autónomas deben ser incondicionadas y su asignación debe atenerse a principios de equidad  e igualdad de oportunidades para la ciudadanía.

·         Todos los ayuntamientos deben contar con un nivel de ingresos por habitante equiparable, de acuerdo con sus competencias.

·          Mejorar la estructura de ingresos propios de los ayuntamientos.

 

 

EMPLEO PÚBLICO LOCAL

Castilla y León cuenta con 35.000 empleados públicos locales, el 5,8 % de los de España y el 20,4 % de los empleados públicos de Castilla y León.

El anteproyecto de ley, que amenaza con desmantelar los servicios sociales municipales en detrimento de la calidad de vida, también pone en riesgo el empleo público local y las condiciones laborales de los empleados públicos de los ayuntamientos.

 

Proponemos

·         Reforzar la profesionalización del empleo público local, lo que no se resuelve poniendo comisarios del Estado en los Ayuntamientos -como pretende hacerse con los interventores-, sino desarrollando una función pública moderna y competitiva.

 ·         Reducir la temporalidad del empleo público local, derivada de la precariedad de un modelo de financiación condicionada.

 ·         Mantener los servicios públicos locales y el empleo público local, que a lo largo de 2011 ya perdió más de 50.000 efectivos (el 8 %) y sus condiciones laborales.

 

·         Limitar el personal eventual aún más de lo que prevé el anteproyecto de ley.

 

·         Eliminar en la administración local la libre designación como procedimiento para la provisión de puestos de trabajo.

 ·         Configurar en las comunidades autónomas un modelo de función pública que integre a los empleados públicos locales para ampliar las posibilidades de la carrera profesional y de la movilidad horizontal y vertical.

 ·         Abordar en el marco del diálogo social el refuerzo de la profesionalización de la función pública local.

 

 

LA AUSTERIDAD, ARMA DE DESTRUCCION MASIVA

La austeridad que imponen los que mandan en Europa sirve para mejorar a costa nuestra –de los países del sur- su posición en la distribución del trabajo y los beneficios del mercado y la moneda únicos.

La austeridad que impone el Gobierno de España milita en la lucha de clases contra l@s trabajadores/as, contra las mujeres, contra el medio rural, contra la ciencia y la cultura, contra todo lo que es periférico, crítico o heterodoxo.

Facilitar el despido en plena crisis económica es llevar al extremo sus efectos sociales, al tiempo que se dificulta la salida por la recuperación de la demanda interna.

Debilitar  a los trabajadores y a los sindicatos en medio de esta debacle es incentivar a los empresarios para que ajusten por la precariedad, la bajada de salarios y la retribución en negro, sin ocuparse de otras variables de negocio.

Los incentivos para  ajustar las tuercas a los trabajadores hacen más débiles a nuestros empresarios para competir en el exterior y, además,  l@s trabajadores/as cada vez tienen más dificultades para consumir lo que producen, alimentando así el círculo vicioso de la recesión.

La ausencia de una política industrial de crisis está desindustrializando el país, como la falta de una política agrícola propia para corregir los defectos de la PAC y los desmanes del mercado especulativo internacional de cereales nos va a dejar sin ganadería. Lo vamos a pagar caro. (Al precio que nos impongan)

Los recortes en I+D+i deslocalizan  juventud y talento y auguran un futuro de baja competitividad.

Los ajustes en la política social en un escenario de paro generalizado y necesidades sociales extremas están devolviendo a la familia tanto el papel asistencial, como de redistribución generacional de rentas encomendado al Estado social. La cohesión social vuelve a la responsabilidad de la familia y las organizaciones de solidaridad, cuando no de lamentable caridad.

Las mujeres están siendo devueltas al hogar, en su papel asistencial tradicional y la igualdad de género está retrocediendo décadas en meses.

Para el medio rural una reordenación o racionalización como las que ahora se practican, supone sencillamente la supresión de un servicio público social, sanitario o administrativo. Los recortes en las políticas de fomento, promoción y compensación están dilapidando las políticas de diversificación económica y desarrollo rural de los últimos 30 años.

La campaña para convertir a las comunidades autónomas en el chivo expiatorio de la crisis estaba más fundada en justificar los recortes del sistema de bienestar que administran y en propiciar la privatización de la parte de su demanda con alguna solvencia, que en corregir sus excesos, que los ha habido de toda clase. También ha servido para sustituir en la agenda política el debate social por el debate territorial, que da votos a los centralistas y a los nacionalistas a costa de poner en riesgo la cohesión territorial en un Estado de las autonomías rechazado en uno sitios por insuficiente y otros por su excesiva descentralización.

Las comunidades autónomas ni  siquiera están en la agenda de la reforma de la Administración. Sí lo están las entidades locales. Las pequeñas porque administran mucho territorio y sus recursos, que pueden ser puestos en almoneda. Los ayuntamientos grandes, porque también tienen servicios sociales que ofrecer a la rapiña de la privatización. Antes ha habido que desprestigiar a los políticos locales, diciendo que son muchos y cobran lo que quieren, y sobre-exponiendo en el espejo público cuanto pueda dañar su imagen colectiva.

La crisis institucional  y el desprestigio de la política democrática derivados de la incapacidad del Estado para dar respuesta a una crisis global que le supera, de la acumulación de casos de corrupción y del atrincheramiento de unas élites débiles y autistas en los partidos políticos, nos están dejando sin los instrumentos públicos de recuperación y respuesta de interés general.

Quedan los intereses privados y corporativos para quién tenga la capacidad y los recursos para defenderlos. Su objetivo es detraer de las políticas de redistribución los beneficios de los beneficiados por las privatizaciones, multiplicando el efecto devastador de los recortes sociales. Pierden los de siempre.

La fuente de algún optimismo: La necesidad y la voluntad de serlo. No hay más. ¿No os parece que estamos en un escenario en el que los actores  toman siempre la peor decisión de las posibles?  A ver si lo que viene acaba de llegar y lo que se va acaba de irse de una puta vez.

EL CES ENMIENDA A LA TOTALIDAD EL MODELO TERRITORIAL DE LA JUNTA

Cientos de reuniones y alegaciones al borrador inicial y al Anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio aprobado por la Junta de Castilla y León solo habían servido para cambiar el desafortunado nombre de los Distritos por el de Mancomunidades de Interés Comunitario, aunque ambos son la misma cosa regulada por el art. 32 de nuestra ley autonómica de régimen local. En mi opinión el primero designa mejor lo que pretende la Junta, en coincidencia, en este caso, con el Gobierno del PP: Cercenar la autonomía local y que las entidades locales no sean otra cosa que una organización desconcentrada a sus órdenes.

Ahora ha llegado el informe obligado del Consejo Económico y Social (CES)[1], y no ha dejado títere con cabeza. Un ejercicio de libertad certero e inédito en estos pagos. Con una base profesional solvente.

¿Cómo es posible si era tal el consenso? Porque el modelo de “gobierno abierto” de la Junta, a la medida del Sr. Consejero de la Presidencia, se basa en el principio de participa y calla. Y tiene medios públicos que usa como si fueran propios para hacerlo efectivo.  Esta es la prueba. En el informe del CES habla con voz propia y desde su casa la sociedad de Castilla y León[2].

La obcecación de seguir adelante con el Anteproyecto después de este informe, en los términos en que está planteado, es enfrentar tanto al ejecutivo como al legislativo con la sociedad a la que se deben. Una temeridad en el escenario de distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones, y de crisis de representación política en que vivimos.

EL INFORME[3],

(que puedes descargarte aquí)

1.-ANTECEDENTES

El informe del CES hace recuento de los costes de no haber contado hasta ahora con un modelo territorial: Ha dificultado cualquier planteamiento global e integrado de los distintos servicios públicos y complicado la posibilidad de ejercer los derechos del conjunto de la ciudadanía (…)ha dificultado la resolución de problemas estructurales de naturaleza económica y social, así como la resolución de los desequilibrios territoriales y la despoblación. Pero el PP no tiene el coraje de hacerse cargo de este coste del que es culpable en la misma medida de sus responsabilidades de gobierno.

En definitiva, para el CES este Anteproyecto, que pretende hacer pasar por ordenación del territorio algo que no lo es de ninguna manera, es el resultado de los propios incumplimientos del Junta de desarrollo legislativo y reglamentario tanto en materia de ordenación del territorio como de régimen local.

2.-LOS PRINCIPIOS

En lo que respecta a Los Principios que informan el texto normativo propuesto por la Junta, que se limitan a la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera. El CES estima necesario recordar la importancia de otros principios y fines como son la autonomía, la subsidiariedad, la proporcionalidad, la cooperación, la claridad competencial y la transparencia, el bienestar de los ciudadanos, la solidaridad y la equidad, entre otros.

3.-FINES Y OBJETIVOS

El CES no acaba de ver en este Anteproyecto DÓNDE ESTÁN LAS PERSONAS y sus necesidades en el territorio. Insiste en que el énfasis debe estar en la generación de empleo y en la fijación de población en el territorio. En mi última intervención en las Cortes sobre esta materia valoraba este proyecto como un “monopoli”[4], que se construye de espaldas a las personas y a su realidad cotidiana.

Añade que esta materia no trata de arquitectura institucional, sino de personas, de territorios y de Comunidad.

(1º) De PERSONAS, que deben ser el epicentro del futuro modelo de ordenación territorial, y por tanto no debe olvidar, como hace el anteproyecto, el bienestar social, el acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos (educación, sanidad, dependencia y servicios sociales) y mayores oportunidades de empleo. En este sentido plantea la necesidad de definir tanto una cartera de servicios como estándares de cobertura y acceso a los mismos, para garantizar los derechos sociales básicos y la cohesión social.

(2º) De TERRITORIOS, es decir de desarrollo económico, de sostenibilidad medioambiental,  infraestructuras y de eliminar los desequilibrios territoriales. No deben eludirse, como hace el Anteproyecto,  las políticas sectoriales relacionadas con el empleo, las infraestructuras, la agricultura, el desarrollo rural, el medio ambiente, etc

Por eso insiste el CES en que un modelo de Ordenación del Territorio que garantice un correcto desarrollo económico y social de nuestra Comunidad, debería tener en cuenta los recursos endógenos de cada zona, y aprovechar la nueva geometría del territorio de Castilla y León para potenciar sus corredores naturales, sus vías de comunicación y transporte, su patrimonio turístico y cultural, sus potencialidades industriales, y sus singularidades territoriales.[5]

 y (3º) De COMUNIDAD, o lo que es lo mismo, de luchar contra la despoblación  de vertebración y equilibrio territorial  y de cohesión económica y social. Para ello recuerda la necesidad de activar los instrumentos de vertebración territorial previstos en el Estatuto: El Fondo Autonómico de Compensación (art. 78.2) y el Plan Plurianual de Convergencia Interior (d. adicional 2ª), para  que el modelo de territorio de Castilla y León fuera acompañado de un marco de actuaciones de carácter adicional y extraordinario con el propósito de recuperar unos niveles adecuados de población, renta, empleo, dinamización de la actividad productiva e infraestructuras, así como de un reforzamiento en la prestación de unos servicios públicos básicos de calidad, precisamente en aquellos territorios que reflejen un menor desarrollo y cohesión social.

Echa de menos también el informe alguna referencia en el Anteproyecto a las CCAA  vecinas y, sobre todo, a Portugal para la instrumentación de actuaciones de desarrollo y equilibrio territorial en los bordes de la Comunidad, particularmente en “la raya”.

 4.-EL MAPA

Respecto al MAPA, el CES considera que debería hacerse a la mayor brevedad posible, incluso especificarse en la propia norma, ya que no queda suficientemente claro el modelo si no se conoce el mismo, teniendo en cuenta, además, que hasta que el mapa no esté definido no se pueden concretar las áreas funcionales.

No comparte que el modelo descanse en las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio –aptas para la ordenación del mapa local, pero no para la ordenación del territorio que es, sobre todo,  dar garantía de acceso a bienes, infraestructuras y servicios públicos en condiciones de equidad y crear oportunidades de futuro a partir de los recursos más singulares de cada cual- y apuesta por las Áreas Funcionales o Comarcas, con más capacidad para  organizar la prestación de servicios, para articular una planificación a largo plazo, incorporar las áreas rurales a los procesos de desarrollo y a paliar el deterioro de sus estructuras económicas, sociales y demográficas, a través de la creación de equipamientos, dotaciones y alicientes de diverso tipo en las cabeceras, con criterios de solidaridad, racionalidad y eficacia, y con un funcionamiento en red que permita compartir los recursos.

5.-FINANCIACION

En cuanto a la FINANCIACIÓN el CES afirma:  El Anteproyecto de Ley no especifica claramente que se dispondrá de la financiación adecuada para llevar a cabo el modelo que se plantea. Llama la atención que en esta materia el anteproyecto SÍ proponga esperar a la modificación (¿?) de la legislación básica estatal para regular la participación de las entidades locales en los ingresos propios de la Comunidad de Castilla y León, que tanto nos costó plasmar  en art. 55.3 del Estatuto de Autonomía.[6]

Se pone en cuestión el principio de austeridad y la propia “racionalidad” que predica de sí el Anteproyecto, por cuanto  no queda clara en el mismo ninguna economía de estructuras locales, pues se crea una nueva, las Mancomunidades de Interés Comunitario, sin aclarar la eliminación de las actuales. No se entra en lo que a mi juicio sería la gran estructura de gestión de los servicios públicos locales en el medio rural: Los consorcios provinciales de servicios generales[7]. Una administración local instrumental, sin representación directa de la ciudadanía, dentro de otra administración local territorial, las diputaciones provinciales, de elección también indirecta. ¿Se puede poner más distancia entre la ciudadanía y la gestión de los servicios públicos “de proximidad”?

6.-ENTIDADES LOCALES MENORES

No se olvida el CES de las Entidades Locales Menores, a las que atribuye un importante papel en la vertebración de la Comunidad, destacando su carácter de patrimonio institucional y sus prácticas tradicionales de  participación directa de la ciudadanía. Destaca su papel en la descentralización de la Administración municipal.

7.-CONCLUSIONES

7.1.RÉGIMEN LOCAL. Empieza –y termina- por señalar lo indiscutible. Que todo lo que tenga que ver con la gobernanza local se mantenga a la espera de lo que resulte de la aciaga reforma puesta en marcha por el Gobierno con su Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ya sometida a informe de la Comisión Nacional de Administración Local y del Consejo de Estado. En esta materia la Comunidad sólo puede adaptar la norma básica estatal a nuestra compleja realidad. ¡No vayamos a tener que dar marcha atrás después de 26 años amagando! Por prudencia, concluye, entendemos debería paralizarse la tramitación del Anteproyecto ahora informado, hasta la aprobación de la reforma estatal, o al menos debería suprimirse el articulado referido a la misma.

No entra el informe a valorar la coherencia de ambos anteproyectos, que alejan la gestión de las instituciones de elección directa por la ciudadanía, ni sus efectos combinados sobre el territorio: En mi opinión las mancomunidades de interés general se convertirán, si no lo evitamos, en el cementerio al que irán a morir los pequeños ayuntamientos y las entidades locales menores, no nos engañemos, y los consorcios de servicios generales de las diputaciones provinciales en el gestor-privatizador de los servicios públicos al medio rural con algún interés para el mercado.

7.2.ORDENACION DEL TERRITORIO.

Para el CES este documento no responde a las expectativas, necesidades y demandas de la sociedad castellana y leonesa en esta materia, pero cree que esta oportunidad no debería desaprovecharse (…) para sentar las bases de un modelo de futuro con mayores garantías y oportunidades, donde los pilares fundamentales sean el empleo, el dinamismo económico, la cohesión social y la convergencia de todos los territorios; es decir, una ordenación centrada en las personas, y no sólo en las instituciones.

 Recuerda, por último, la reiteración de sus informes y recomendaciones sobre la importancia de abordar con tino y sentido de Comunidad esta materia. No olvida los incumplimientos sistemáticos de la Junta en cuanto al desarrollo normativo tanto del régimen local como de la ordenación del territorio de Castilla y León y pide que se evalúe lo que se ha legislado sobre esta última materia y se aclare su compatibilidad con lo que ahora se propone.

  

8. VOTO PARTICULAR DE UGT Y CCOO

Sin insistir en el mismo,  el voto particular de los sindicatos, de tono aún más crítico que el resto del informe, insiste en la crítica al reforzamiento de las diputaciones y la recuperación del modelo comarcal, donde tenga sentido, compatible con las áreas funcionales en el resto del territorio rural y las áreas metropolitanas, como un modelo más naturalizado y accesible a las referencias de identidad local de la ciudadanía y más coherente con la figuras previstas en el título III del Estatuto de Autonomía. Estructuras que considera mejor dimensionadas para garantizar la igualdad de oportunidades y para promover estrategias de desarrollo, creación de empleo y población.

Este voto particular considera que el paso siguiente a la definición del Mapa de Castilla y León, en Comarcas, Áreas Funcionales y Áreas Metropolitanas, correspondería a la necesidad de afrontar una profunda reforma en la dirección de sustituir dos estructuras con implantación territorial, como son las Diputaciones y las Mancomunidades, con sus oportunos órganos de Gobierno de las 9 Diputaciones y de 239 Mancomunidades existentes en la actualidad, por una estructura única para toda Castilla y León que no superaría la cifra de las 65-70 Unidades Territoriales Básicas (entre Comarcas y Áreas Funcionales).

9.-ANEXO

Como colofón, no me resisto a transcribir en su literalidad la Observación Particular Vigesimonovena, compartida por todo el Consejo:

El texto normativo propuesto, lejos de simplificar la relación ciudadano-territorio, contempla una amalgama de estructuras no naturales, de difícil comprensión y dudosa efectividad, como son las denominadas “Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio”, dividiéndose en rurales y urbanas, o las llamadas “Áreas Funcionales”, ya sean estas estables o estratégicas, sin olvidar las “Mancomunidades de Interés General”, que a su vez también pueden ser rurales o urbanas.

Nos encontramos que las “Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio” se configuran como entes abstractos, sin referencia política y administrativa alguna a nivel supramunicipal.

Al mismo tiempo se refuerza el papel de una institución local de elección indirecta para la ciudadanía como son las Diputaciones, y se mantienen el resto de estructuras administrativas existentes en la actualidad: Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, Comarca (en el caso único de El Bierzo), Mancomunidades, Ayuntamientos y Entidades Locales Menores.

Este modelo, que se define en el anteproyecto, a juicio de este Consejo, producirá confusión al ciudadano de nuestra Comunidad Autónoma ya que no verá en el nuevo mapa una referencia administrativa acorde con su sentimiento de pertenencia territorial.

Es más, cualquier ciudadano, castellano y leones, es capaz de decirnos a qué comarca natural (entendida como territorio) pertenece o a qué entorno metropolitano, pero no dirán nunca que su localidad forma parte de tal Unidad Básica de Ordenación y Servicios, ni de aquella Mancomunidad de Interés General.

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[1] Fechado a 27 de febrero y colgado en la web el 1 de marzo de 2013. Consta de 67 páginas. http://www.cescyl.es/pdf/noticias/IP%20ORDENACION%20TERRITORIO.pdf

[2] El CES se presenta como un foro permanente y estable de participación y diálogo de los agentes económicos y sociales en la toma de decisiones de la política económica y sociolaboral.

[3] En cursiva las citas literales del informe del CES.

[4] Esta calificación no es ajena a una intuición de la voluntad privatizadora  y de mercadeo con el patrimonio público que anima el documento.

[5] Una de las ideas más sugerentes del Libro Verde de la UE sobre la cohesión territorial: convertir la diversidad territorial en un punto fuerte,  es el derecho, de todos los territorios de contribuir con sus mejores valores al crecimiento del conjunto de la comunidad.

[6] El PP siempre se opuso a que apareciera y finalmente aceptó solo como opción –“podrán”- ,  a cambio de incorporar la tutela financiera de los entes locales (art.54), que es la nueva potestad estatutaria que primero se reclamó y se obtuvo del Estado, una vez aprobado el Estatuto.

[7] En mi opinión, esta es, en el Anteproyecto, la gran plataforma aglutinadora y privatizadora de la gestión de servicios públicos locales  que puedan ser apetecibles al mercado.